En Argentina, el mundo de las criptodivisas ha experimentado un crecimiento significativo impulsado por la gran cantidad de ventajas que aporta comparado con otro tipo de activos, por ejemplo se puede utilizar como un refugio ante la inflación y la volatilidad económica, situaciones con las que los argentinos lidiamos día a día. A pesar de su popularidad, la regulación de estos activos sigue siendo un terreno en evolución y, en algunos aspectos, controvertido. En este artículo exploremos el estado actual de la regulación de las criptomonedas en el país, destacando las principales normativas y desafíos que enfrentan tanto los usuarios como las empresas cripto.
Contexto General de las Criptodivisas en Argentina
Argentina es uno de los países con mayor adopción de criptomonedas a nivel global, ocupando el décimo lugar según el “Índice Global de Adopción de Criptoactivos 2021” de Chainalysis. Los argentinos utilizan criptomonedas como una forma de proteger sus ahorros de la inflación y de la depreciación del peso, lo que ha llevado a un incremento notable en el uso de estos activos digitales. Según una encuesta levantada en nuestro país, la adopción de los activos digitales creció un 63% comparando con solo un año antes. Las razones más mencionadas fueron que permiten ahorrar dinero para el futuro, complementar los ingresos y diversificar los modos de inversión.
Según información del mismo estudio, 4 de cada 10 argentinos piensan que las criptomonedas deberían ser una moneda de curso oficial en el país, pero que se necesita más regulación sobre este mercado. En contraste solo el 13% de la población piensa que las criptomonedas deberían de estar prohibidas.
La razón por la que las personas desconfían para adentrarse en el mundo cripto, es la falta de información, ya que la respuesta que dan aquellos que no operan en dicho mercado es “porque no sabe lo suficiente o le resulta confuso” y unido a que la regulación esta apenas comenzando, no abona a la confianza de las personas.
Marco Legal y Regulatorio
A pesar de la creciente adopción, Argentina carece de una regulación integral específica para las criptomonedas. Sin embargo, estas están sujetas a diversas normativas tributarias tanto a nivel nacional como provincial. Una investigación realizada en febrero de 2024, arrojo que el 73% de las personas están de acuerdo con más regulaciones sobre criptoactivos¸ y en la misma línea, un 61% está en desacuerdo con las medidas que restrinjan su adopción.
Impuestos y Obligaciones Fiscales
Desde la reforma tributaria de 2017, las criptomonedas se consideran activos financieros y, como tales, están sujetas a impuestos como el Impuesto a las Ganancias y el Impuesto sobre los Bienes Personales. Las ganancias obtenidas por la compra y venta de criptomonedas deben declararse y están gravadas por el Impuesto a las Ganancias. Además, el simple hecho de poseer criptomonedas puede generar obligaciones bajo el Impuesto sobre los Bienes Personales.
A nivel provincial, varias jurisdicciones han adaptado sus códigos fiscales para incluir las operaciones con criptomonedas en el ámbito del Impuesto sobre los Ingresos Brutos. Provincias como Córdoba, Neuquén, Catamarca, Tucumán y Buenos Aires han implementado estos cambios, afectando tanto a los individuos como a las empresas que operan con criptoactivos.
Obligaciones Informativas
La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) ha establecido que los exchanges locales deben informar mensualmente sobre las transacciones realizadas. Esta medida busca aumentar la transparencia y el control sobre las operaciones con criptomonedas en el país.
Minería de Criptomonedas
La minería de criptomonedas es otra área que, aunque no está prohibida, se encuentra regulada en términos fiscales. En la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, los ingresos generados por la minería de criptomonedas están sujetos al Impuesto sobre los Ingresos Brutos, con una alícuota que puede llegar al 5%. En otras provincias, la actividad minera se considera una exportación de servicios y, por tanto, puede estar exenta de ciertos impuestos.
Restricciones y Desafíos
Recientemente, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) ha tomado medidas que impactan directamente en el uso de criptomonedas. Una de las más significativas es la prohibición a las billeteras digitales de ofrecer criptomonedas, lo que limita la accesibilidad para los usuarios comunes y podría tener un efecto disuasorio en la adopción de estos activos.
Perspectivas Futuras
El futuro de la regulación de criptomonedas en Argentina es incierto, pero es probable que veamos un marco más definido a medida que el gobierno y las autoridades regulatorias busquen equilibrar la promoción de la innovación tecnológica con la necesidad de proteger a los inversores y mantener la estabilidad financiera. La llegada de nuevos actores políticos y económicos podría acelerar este proceso, ofreciendo un entorno más claro y seguro para los usuarios y empresas de criptomonedas.
Por ejemplo, en marzo se presentó mediante la Comisión Nacional de Valores (CNV) la creación del Registro de Proveedores de Servicios de Activos Virtuales, al que las empresas y personas físicas que operen con criptomonedas deberán inscribirse. Este registro abarca a todas las personas físicas y jurídicas que utilicen páginas web, redes sociales u otros medios para dirigir su oferta y/o publicidad a residentes en Argentina, que cuenten con un cierto volumen de operación en el país o que utilicen cualquier tecnología para recibir fondos localmente de residentes en Argentina.
Conclusión
En resumen, la regulación de las criptodivisas en Argentina es un área en constante evolución. Aunque existen impuestos y obligaciones fiscales claras, la falta de una regulación integral deja espacio para la incertidumbre y el debate. Los usuarios y empresas deben mantenerse informados sobre las normativas vigentes y futuras para navegar de manera segura en el dinámico mundo de las criptomonedas.
Para aquellos interesados en profundizar en este tema, es recomendable seguir de cerca las actualizaciones de las autoridades regulatorias y considerar el asesoramiento de expertos en la materia para asegurar el cumplimiento de todas las obligaciones legales y fiscales.
